Desde Julio del 2019 la Superintendencia de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) iniciará las fiscalizaciones para verificar que se cumplan las normas que prohíben la discriminación salarial remunerativa. Esta medida busca garantizar que quienes ejecuten labores similares reciban sueldos desiguales debido a su género u otros factores externos al trabajo.

 

Desde el primer día de julio, las empresas deberán contar con un cuadro de categorías y funciones con los contenidos mínimos requeridos, es decir, su política salarial deberá contener los principios básicos sobre cómo se estructuran las remuneraciones de la organización teniendo en consideración su actividad económica. Estos criterios y/o herramientas para la valorización de puestos tendrán que ser informadas a los trabajadores de manera oficial, lo cual tendrá que ser sustentado, por ejemplo, con cargos de entrega.

 

Ante una denuncia de discriminación salarial, el inspector solicitará la documentación mencionada y verificará toda la información correspondiente a las funciones del trabajador y cuál sería su respectiva remuneración para determinar si efectivamente se está cometiendo una infracción de la normativa.

 

En caso el empleador pueda sustentar ante el inspector que la diferencia salarial denunciada obedece a razones objetivas y lo demuestre a través de documentación, la denuncia no procederá. Algunos criterios que permiten justificar la diferenciación salarial son la antigüedad, la negociación colectiva, la escasez de oferta de mano de obra calificada para un puesto determinado, la experiencia laboral, condiciones para desarrollar las funciones, competencias, esfuerzos y/o responsabilidades, el perfil académico o educativo, el desempeño, entre otros.

 

Las medianas y grandes empresas que no cuenten con el cuadro de categorizaciones de acuerdo a la ley, que no informen a los trabajadores sobre la política salarial o que cometan discriminación salarial en cualquier aspecto podrán ser sancionadas hasta con S/189 000.

 


 

Eduardo Gálvez Monteagudo, Socio Fundador que lidera el Estudio Gálvez Monteagudo Abogados cuenta con más de 45 años de sólida experiencia en el ámbito de servicios legales en el Perú y a nivel internacional. Su experiencia legal con visión empresarial lo respalda, contando con la confianza y seguridad de sus clientes.

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