Los propietarios y directores de colegios tienen un desafío muy cercano antes del reinicio de clases presenciales que es producir protocolos diseñados con el acompañamiento de sus abogados que cumplan dos cometidos:

  1. Maximizar todos los cuidados para que la salud de los alumnos y del integro de la comunidad educativa esté libre de toda suerte de negligencias internas o externas.
  2. Resguardar el patrimonio, la reputación y la responsabilidad de todo género que pueda imputarse al colegio por eventos relacionados al Covid.

 

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Si se descuida el protocolo legal necesarísimo que se debe instaurar en los colegios se corre el peligro de incurrir en responsabilidades civiles y hasta penales de todas las magnitudes por imaginar que pondrían en suerte el destino mismo del colegio.

Lo medular para este protocolo es tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  1. Ejecutar escrupulosamente lo dispuesto en la Resolución Ministerial

N° 121-2021-MINEDU que aprueba el documento Normativo “Disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y programas educativos públicos y privados de la Educación Básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19”, que contiene los parámetros técnicos para el desarrollo de las labores a distancia, semipresenciales y presenciales en el sector Salud.

  1. Diseñar una política interna en el colegio para la prevención del contagio del COVID-19 con las siguientes reglas:
  • medidas de prevención y protección personal;
  • medidas para el monitoreo de la condición de salud del personal y de los/las estudiantes;
  • medidas para el funcionamiento del local educativo;
  • acciones preparatorias para el inicio del servicio educativo semipresencial o presencial;
  • acciones para el desarrollo de la jornada escolar;
  • comunicación con la comunidad educativa; y
  • consideraciones sobre el monitoreo de la prestación del servicio.

 

  1. Tener muy en cuenta la distribución de responsabilidades y de las obligaciones que le incumben al Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación, la Unidad de Gestión Educativa Local, la Institución Educativa, e incluso los gobiernos locales y los docentes frente a la implementación de la Resolución Ministerial N° 121-2021-MINEDU.
  2. Establecer un protocolo en virtud del cual la responsabilidad civil del colegio esté exenta de cuestionamientos e imputaciones que no toman en cuenta que al tratarse de un virus cuyo medio de transmisión es a través del aire, resulta casi imposible determinar de manera fehaciente el momento exacto del contagio, lo que impediría poder sostener que la adquisición del virus se haya dado dentro o fuera de la institución educativa.
  3. Este protocolo debe tener muy en claro que la responsabilidad solo podría trasladarse a la institución educativa, de ser el caso, cuando se llegue a demostrar que se han contravenido los protocolos establecidos en el documento normativo que regula el retorno a clases en la modalidad semipresencial. En este caso la responsabilidad sería imputable no por el hecho mismo del contagio, sino por la contravención ejercicio de su poder de policía en los ámbitos establecidos, pues su ejercicio irregular, excesivo, insuficiente, o aparece omitido, genera la asunción de una posible responsabilidad por dicho ejercicio en sí.

 

En conclusión, cada caso concreto debe ser analizado en forma independiente, a efectos de verificar no sólo las omisiones en que se pudieran haber incurrido al momento de aplicar los mencionados protocolos, sino también la posible concurrencia de otros factores ajenos a ello, como el comportamiento de cada familia y los niveles de exposición a los que se someten cada uno de sus miembros.

 

 


Eduardo Gálvez Monteagudo, Socio Fundador que lidera el Estudio Gálvez Monteagudo Abogados cuenta con más de 45 años de sólida experiencia en el ámbito de servicios legales en el Perú y a nivel internacional. Su experiencia legal con visión empresarial lo respalda, contando con la confianza y seguridad de sus clientes.

El principal compromiso de la firma de abogados es brindar asesoría legal integral, eficiente, e inmediata; en sintonía con los retos y desafíos actuales; y sus filas están conformadas por profesionales especializados en todas las ramas del Derecho, cuya misión es simplificar la vida de sus clientes y orientarlos en sus retos.

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