La pandemia ha generado situaciones de incertidumbre e incumplimiento a los contratos de arrendamiento, no solo en cuanto al pago de rentas sino también en relación a la restitución de la posesión a la finalización del plazo de éstos.

Esta situación ha provocado extrema desconfianza en los propietarios que tienen algún inmueble en post de ser arrendado y también ha abierto las puertas para que las partes contratantes de un contrato de arrendamiento ya existente busquen renegociarlo.

 

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Para ambas situaciones los propietarios deberían religiosamente cumplir con estas tres reglas: 1. Asegurarse de la idoneidad de quienes van a ser sus inquilinos a través del Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM) y a través de la Central de Riesgos administrada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. El REDJUM es una base datos que se alimenta por la propia información del Poder Judicial en relación a todo aquel sujeto (persona natural o jurídica) que haya sido declarado como “deudor judicial moroso”, es decir como aquel a quien en un juicio se ha determinado como obligado al pago de una determinada suma de dinero pero que no ha cumplido con ella. La información consignada en esta base de datos es a su vez remitida por ella a la SBS, para que ésta los registre en su Central de Riesgos. Siendo así, un arrendador diligente debe de efectuar esta investigación en forma oportuna (ya sea antes de suscribir el contrato de arrendamiento o en forma previa a la renegociación de aquel), para así definir si su contraparte es alguien confiable o no.

  1. Es recomendable incorporar alguna estipulación que permita que ante el incumplimiento del inquilino, el mecanismo para la desocupación y restitución del bien arrendado sea la más célere y eficiente posible. Así, en nuestro ordenamiento legal existen hasta 3 mecanismos que permitirían la consecución de dicho fin: i) La inclusión de una cláusula de allanamiento a futuro; ii) La adecuación del contrato de arrendamiento a los parámetros establecidos para el denominado “Proceso Único de Desalojo” recogido en el D. Leg. N° 1177; y iii) el denominado “Desalojo con Intervención Notarial”.

La tarea de escoger cuál de estos mecanismos se deben adoptar se hace en función de cada caso concreto La definición entre la adopción de alguno de estos mecanismos se debe de efectuar en función a cada caso concreto, ya que algunos de ellos están diseñados única y exclusivamente para arrendamientos con fines de vivienda.

  1. Se debe incorporar en el contrato de arrendamiento que quien resuelva la futura controversia sea un Tribunal Arbitral o Árbitro Único. Todos conocemos de la inoperancia de las actividades del Poder Judicial en nuestro país, donde los juicios toman años y hasta décadas para ser resueltos. Por lo tanto, la opción de un Arbitraje es la única fórmula atractiva para reducir considerablemente los plazos para una sentencia.

Los abogados del área Inmobiliaria de nuestro Estudio le asistirán para incorporar estos tres mandamientos y muchas otras precauciones para asegurarse un arrendamiento que constituya un buen negocio y no un suplicio. 


Eduardo Gálvez Monteagudo, Socio Fundador que lidera el Estudio Gálvez Monteagudo Abogados cuenta con más de 45 años de sólida experiencia en el ámbito de servicios legales en el Perú y a nivel internacional. Su experiencia legal con visión empresarial lo respalda, contando con la confianza y seguridad de sus clientes.

El principal compromiso de la firma de abogados es brindar asesoría legal integral, eficiente, e inmediata; en sintonía con los retos y desafíos actuales; y sus filas están conformadas por profesionales especializados en todas las ramas del Derecho, cuya misión es simplificar la vida de sus clientes y orientarlos en sus retos.

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